En tiempos de transformación una de las cosas mayores y más preocupantes que no se transforman es el poder político y su ejercicio. Vivimos una reedición del viejo presidencialismo autoritario y no es extraño que entre los desmedidos elogios que le prodigan sus partidarios a López Obrador, está el que se le vea como el jefe de las instituciones nacionales, sin faltar el autocatalogarlo como el “hermano mayor” de Latinoamérica, cualquier cosa que eso signifique.

Una de las más duras pruebas de las transiciones democráticas es que, si en parte permitieron en el continente el tránsito de un Gobierno autoritario a otro de corte demoliberal que garantizó elecciones libres y periódicas, no ha satisfecho ni remotamente los cartabones del ejercicio del poder de los ejecutivos que propenden a crecer a costa de los otros poderes, el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, donde los hay, como en México.

La añeja polémica de redimensionar en sentido democrático el presidencialismo mexicano, acotándolo primero y pretendiendo transformarlo progresivamente, es sin duda una vieja deuda de nuestra transición, tan débil y precaria, como se la observa en la materia que opino.

Vivimos y somos testigos de un presidencialismo exacerbado, a veces recordando los viejos dilemas del constitucionalismo de 1856-57 que señalaron al entramado institucional de la república como un obstáculo para gobernar. Porfirio Díaz doblegó la visión liberal más avanzada de su tiempo e instauró la reelección y, a través de ella, la consolidación de su dictadura.

Cuando las revueltas que surgieron de la Revolución se sedimentaron, tanto Venustiano Carranza como el grupo sonorense que lo derrotó y dominó al país por casi dos décadas, no se pensó dos veces en reafirmar al presidencialismo como eje rector del poder político al que se le habían adosado las enormes facultades que el código de 1917 le otorgó y lo convirtió en prácticamente en un poder incontrastable.

A ese presidencialismo se adhirió en todos sus aspectos, incluidos los más grotescos, Andrés Manuel López Obrador, y me interesa subrayar el que tiene que ver con la facultad “metaconstitucional” –así la denominó el jurista Jorge Carpizo– de nombrar a su sucesor, en este caso, al menos al candidato de su partido.

López Obrador, a diferencia de otros presidentes de la República, en particular su muy admirado Adolfo Ruiz Cortines, ha manejado con tosquedad su sucesión. En primer lugar porque hace ostensible que tiene la facultad, aunque nos haya prometido que no habrá nada fuera de la ley. En segundo, por la precipitación con que lo ha hecho, adelantando tiempos que significan mucho en las prácticas mexicanas por la búsqueda del poder, llegando a extremos de paralizar o ralentizar el desempeño de la administración pública federal a la hora de pasar lista de lealtades entre los que ya pelean por la nominación.

López Obrador juega, se regodea, con la sucesión. Es inocultable el placer que le produce manejar los hilos que conducen al poder, máxime que se trata lo que en su concepto es un cargo que supera a los más destacados de nuestra historia. Pero aún así no duda en emplear términos peyorativos, llamando “corcholatas” a los potenciales aspirantes, incluidos centralmente los de su partido, Morena, que son los que están dependientes de su mano.

Pero se ha demostrado, con la actitud del Senador Ricardo Monreal, que la palabra del Presidente no es la del autócrata que decide por sí y ante sí las cosas. En Chihuahua el senador dijo que el hecho de que no se le mencione por parte de López Obrador, no significa que quede descartado de la competencia, de Morena, donde continuaría ubicándose, o de otra formación partidaria, con toda la dificultad que trae consigo esto último. Es más, para decirlo a la usanza de la jerga política nacional, Monreal ya se “autodestapó”. Ahí está y prefigura la posibilidad de una ruptura que quebrantaría, aunque sea levemente, la hegemonía que quiere ejercer al respecto el Presidente.

En la transición mexicana ha sido característica que los principales cargos no han ido a parar a manos de políticos ajenos al viejo PRI. López Obrador, cuando tuvo que escoger entre un priísta y una persona de izquierda, optó siempre por la primera. Ahora sus preferencias, obvias, están en favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una mujer formada en la tradición de la izquierda, lo que haría pensar que de ser nominada y alcanzara el cargo presidencial, podría representar un viraje hacia nuevas formas y contenidos de lo que tenemos actualmente. Pero nada se puede asegurar porque su obediencia es tal que probablemente fuera una simple continuación, en una especie de neomaximato.

Marcelo Ebrard trae el antecedente de su disputa de 2012, cuando aspiró a ser candidato presidencial del PRD, en una circunstancia que le resultaba propicia. Pudo haber cosechado muchísimos votos de la corriente electoral del PRI y hasta de panistas que veían entonces la candidatura de la señora Vázquez Mota como una simple pifia. Eso por una parte, pero por otra, no hay que olvidar que el discurso del ahora canciller tenía un contenido socialdemócrata muy atractivo pero quedó en la nada y no sabemos si se preservaría para la elección de 2024.

Como soy escéptico, no pienso que se configuren ni una ni otra opción, salvo que la ruptura que hoy se prefigura con Monreal, se ahondara de tal manera que Morena se viera en riesgo, como partido político, porque es una organización amorfa e invertebrada. Ahí el estilo presidencialista de López Obrador se dejaría sentir con toda su fuerza, soportándose más en el poder de la administración pública, sus programas clientelares y la actuación de los no pocos gobernadores que ya tiene y que acrecentará previsiblemente en los meses que vienen.

El proyecto democrático seguirá posponiéndose por una traba que tiene nombre: el presidencialismo, precisamente.

13 mayo 2022

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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